En el marco de la aprobación del presupuesto federal para 2025, los diputados mexicanos han aprobado un recorte significativo a los recursos destinados al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que, por otro lado, se destinan mayores fondos a la seguridad pública, especialmente a las fuerzas armadas. Este presupuesto, que asciende a 9,3 billones de pesos (aproximadamente 462,000 millones de dólares), ha sido aprobado por la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, aunque las reservas planteadas por la oposición aún se encuentran en discusión. Esta decisión está marcada por un incremento en el gasto en seguridad y una reducción en las partidas para organismos clave como el Poder Judicial y el INE, lo que ha generado controversia y preocupación en diversos sectores.
Recorte al Poder Judicial
Uno de los puntos más destacados en el presupuesto de 2025 es el recorte del 16.3% a los recursos del Poder Judicial en comparación con el año anterior. Este recorte sigue a la promulgación de una histórica reforma que cambió la forma de elección de los jueces del país, estableciendo un modelo inédito de elección popular para los jueces, que, según los defensores de la reforma, generará ahorros significativos en el poder judicial. La reforma, impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, también redujo el número de jueces que integran la Suprema Corte, un paso importante hacia una estructura más austera. Este cambio ha sido calificado como una “renovación estructural” que pretende hacer más eficiente al sistema judicial mexicano.
La reducción de recursos al Poder Judicial es un reflejo de la política de austeridad del gobierno federal, que busca recortar los gastos del aparato estatal. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por algunos sectores, que argumentan que recortar fondos a instituciones clave como el Poder Judicial podría generar ineficiencias en el sistema de justicia del país. Los críticos de la reforma también señalan que la autonomía del Poder Judicial podría verse comprometida si continúa esta tendencia de recortes y centralización del poder.
Reducción al INE y la reforma electoral
Además del recorte al Poder Judicial, el presupuesto aprobado también incluye una disminución de los recursos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de organizar las elecciones en el país. Aunque el INE había solicitado más fondos para organizar la primera elección de jueces, prevista para el 1 de junio de 2025, el Congreso aprobó una asignación menor. Esto ha generado inquietud, ya que el INE tendrá que asumir esta responsabilidad adicional con un presupuesto más ajustado.
Esta decisión forma parte de la tendencia de recortes a las instituciones electorales, que ha sido un tema recurrente en el actual gobierno. Los opositores a estos recortes sostienen que una reducción de recursos al INE podría poner en peligro la transparencia y la organización adecuada de los procesos electorales en el país, especialmente en un contexto en el que se llevarán a cabo elecciones clave, como la elección de jueces y otras autoridades.
Aumento en el gasto en seguridad
En contraste con los recortes en el sector judicial y electoral, el presupuesto 2025 ha destinado un aumento significativo de 6.293 millones de pesos (aproximadamente 312.6 millones de dólares) al programa de Apoyo a la Seguridad Pública y la educación militar, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este aumento en el presupuesto para seguridad refuerza el enfoque del gobierno en la seguridad nacional, especialmente en el contexto de las crecientes preocupaciones sobre la violencia y el crimen organizado en el país.
Este aumento en el gasto en seguridad ha sido una prioridad para el gobierno, que ha redoblado esfuerzos para fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y otras instituciones encargadas de la seguridad pública. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por algunos analistas, que consideran que la inversión en seguridad no debe ser a expensas de otros sectores clave como la salud, la educación y la infraestructura. De acuerdo con el centro de pensamiento México Evalúa, el presupuesto 2025 refleja una falta de inversión en áreas socialmente sensibles, como la salud, y una caída significativa en la inversión pública en infraestructura, lo que podría tener repercusiones en el desarrollo a largo plazo del país.
Desafíos y oportunidades en el presupuesto 2025
El presupuesto aprobado por los diputados para 2025 refleja una clara prioridad del gobierno por asegurar una mayor asignación de recursos a las fuerzas armadas y la seguridad, mientras que reduce los fondos para el Poder Judicial y el INE. Esta tendencia a aumentar el gasto en seguridad y disminuir los recursos para instituciones clave podría tener implicaciones a largo plazo en el funcionamiento del sistema judicial y electoral del país, así como en la transparencia y eficiencia de las elecciones.
A pesar de las críticas y la controversia que ha generado el recorte al Poder Judicial y al INE, el presupuesto refleja la voluntad del gobierno de mantener un enfoque de austeridad fiscal, al tiempo que fortalece las capacidades del sistema de seguridad. Sin embargo, la falta de inversión en infraestructura y en áreas como la salud y la educación podría poner en peligro el desarrollo económico y social de México en los próximos años. La situación exige un análisis detenido y una discusión sobre cómo equilibrar el gasto público para satisfacer las necesidades de la población sin sacrificar el fortalecimiento de instituciones clave.
La incertidumbre sobre el futuro de los recursos públicos en México continuará siendo un tema de debate, y será fundamental garantizar que las decisiones de asignación de fondos se tomen de manera transparente y con visión a largo plazo para el beneficio de todos los mexicanos.
