La administración del presidente electo Donald Trump trabaja junto con 21 estados republicanos en una estrategia legal para designar a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida busca responder al impacto que estas organizaciones tienen sobre la seguridad nacional de Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes cercanas al equipo de Trump, aunque no se ha confirmado que esta acción sea una de las primeras en su mandato, ya se ha trazado una ruta legal. Esta se basa en una solicitud presentada en 2023 por fiscales estatales republicanos, la cual fue ignorada por la administración de Joe Biden.
El argumento central de los fiscales es que los cárteles representan un peligro inminente debido al tráfico de drogas, como el fentanilo, y al patrocinio de migración ilegal. Además, sus actividades violentas e intimidatorias en ambos lados de la frontera refuerzan esta categoría.
El proceso legal y los retos
El Departamento de Estado es el encargado de iniciar el proceso para la designación de FTO. Este procedimiento requiere la colaboración de diversas agencias y el aval final del Congreso. Con los republicanos controlando ambas cámaras, Trump tendría una ventaja significativa para avanzar en esta propuesta.
Entre los requisitos para declarar a un grupo como FTO están:
- Ser una organización extranjera.
- Estar involucrada en actos terroristas o tener la capacidad de realizarlos.
- Representar una amenaza a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o a la seguridad nacional.
Con base en estos criterios, se han identificado nueve cárteles mexicanos:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel de Sinaloa
- Cártel de Juárez/La Línea
- Cártel del Golfo
- Cártel del Noreste
- Guerreros Unidos
- La Familia Michoacana
- Los Rojos
- Organización de los Beltrán Leyva
Impacto esperado de la medida de Trump
De ser aprobada, la designación como FTO permitiría a Estados Unidos utilizar herramientas legales más agresivas contra estas organizaciones. Esto incluiría sanciones económicas, restricción de financiamiento y mayor colaboración internacional para combatir sus operaciones.
Además, Trump planea emitir 200 órdenes ejecutivas, entre ellas establecer como prioridad nacional la eliminación de las actividades de los cárteles en territorio estadounidense. Según datos citados por los fiscales, el tráfico de drogas ha generado ganancias anuales de entre 19 y 29 mil millones de dólares para estas organizaciones, las cuales también participan en el contrabando de personas.
El consumo de drogas provenientes de estos cárteles, como el fentanilo, provoca la muerte de entre 70 mil y 100 mil estadounidenses al año. Además, los actos de violencia de estas organizaciones han resultado en secuestros y asesinatos de ciudadanos estadounidenses tanto en México como en otras regiones.
La “lista negra” de Estados Unidos
Desde hace 25 años, Estados Unidos ha implementado sanciones contra individuos y empresas relacionadas con el narcotráfico a través de la Ley de Designación de Líderes del Narcotráfico Extranjero (Kingpin Act). Estas medidas incluyen el congelamiento de bienes y cuentas, además de prohibiciones para realizar transacciones financieras.
Hasta ahora, 603 personas y empresas mexicanas han sido incluidas en esta lista negra, incluyendo:
- Los Arellano Félix
- Los Cuinis
- Los Zetas
- El Cártel de Sinaloa
- La Familia Michoacana
Estas sanciones también han alcanzado a negocios como farmacias, hoteles, gasolinerías y restaurantes, que presuntamente sirven para el lavado de dinero del narcotráfico.
Críticas y reacciones a propuesta de Trump
La propuesta de Trump ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos apoyan la medida como una acción contundente contra el crimen organizado, otros advierten sobre posibles tensiones diplomáticas con México. Especialistas también señalan que categorizar a los cárteles como terroristas podría complicar los esfuerzos de cooperación entre ambos países.
Por su parte, los cárteles continúan adaptándose a las estrategias de combate, diversificando sus actividades delictivas y extendiendo su influencia más allá de las fronteras mexicanas. La pregunta que queda en el aire es si esta medida será efectiva para reducir su poder o si provocará consecuencias imprevistas en la región.
El Departamento de Estado deberá presentar un informe administrativo detallado sobre esta designación, consultando al Departamento del Tesoro antes de notificar al Congreso. De avanzar, podría marcar un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico, redefiniendo las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
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